La protección y gestión de los paisajes culturales en México, una asignatura pendiente de la planeación y del derecho en México

Abstract

Durante la primera mitad del siglo pasado, México contaba con un marco jurídico avanzado y reformador que inspiraba la protección de las bellezas naturales, el medio ambiente y el patrimonio natural y cultural, al tiempo que esbozaba los primeros arreglos para encauzar el incipiente desarrollo urbano y el ordenamiento territorial. Aproximadamente medio siglo después, esta tradición legislativa comenzó a desdibujarse y quedó rezagada dando como resultado un entramado legal desgastado, obsoleto, limitado y ajeno a la noción moderna de paisaje. En un escenario en el que el proceso de urbanización se constituye como un fenómeno irreversible que concentra a la mayoría de la población en ciudades cada vez más grandes y complejas, el paisaje enfrenta profundas transformaciones y degradación, aspectos que no pueden ser regulados ante su ausencia conceptual en el corpus jurídico mexicano, lo que obviamente dificulta las posibilidades de aminorar y evitar su deterioro o desaparición, la alteración del medio ambiente, la transformación inconveniente del territorio y la pérdida de los valores culturales que unen a las culturas ancestrales y contemporáneas con sus territorios. Una revisión del marco jurídico mexicano vigente a la fecha, sugiere que el paisaje es considerado como un elemento secundario a los preceptos legales más relevantes del derecho ambiental, urbanístico y patrimonial, por lo que su atención es hasta el momento asistemática y parcial. Por otro lado, y de frente a la perspectiva mundial que apunta hacia la agudización del proceso de urbanización, las condiciones actuales exigen que la planificación de la ciudad y el paisaje sean procesos convergentes en la correcta apropiación, uso y aprovechamiento del territorio. Por ello, el paisaje debe formar parte, como concepto y premisa, de las políticas de desarrollo urbano y ordenación del territorio. En este sentido, la inserción del paisaje en la agenda pública, es sin duda, un requerimiento básico para su institucionalización, pero para poder implantarse en este nivel, primero deberá ocupar un espacio relevante en la opinión pública y despegar de esta plataforma hasta posicionarse en el interés general, antes de ser colocado en el nivel de las decisiones gubernamentales.