Revisión de la cuenta pública 2013 - 2014 (Secretaría de Desarrollo Social, hoy Secretaría del Bienestar): interrelaciones entre el (des)control de recursos públicos, corrupción político - administrativa e institucionalismo económico

Abstract

El objetivo de la presente investigación se refiere a describir e identificar un problema social que denominamos: corrupción política – administrativa, se explica por las conductas y resoluciones de funcionarios públicos con el fin de obtener beneficios individuales o de grupos a cargo del erario federal. En el capítulo 1 se exponen los conceptos de corrupción política-administrativa, describimos el planteamiento del problema relacionado con el fenómeno de la corrupción sistémica, debido a que surge de una red o nodos institucionalizados por medio de reglas y rutinas en las organizaciones gubernamentales como la Sedesol y Sedatu (2013-2014); fijamos el objetivo general de la investigación que es identificar y analizar cuáles elementos hicieron posible los desvíos de recursos públicos; y colocamos las bases del marco teórico conceptual en el institucionalismo económico. El capítulo 2 aborda los conceptos de corrupción administrativa y de delitos cometidos en contra de la administración pública, analizamos los fundamentos jurídicos ligados a la corrupción y las responsabilidades de los servidores públicos, las faltas administrativas graves y no graves. El capítulo 3 ofrece al lector un panorama sobre la corrupción administrativa en la Sedesol (2013-2014) donde ocurrieron desvíos millonarios de recursos públicos, afirmación que tiene sustento en los Informes del Resultado de la Cuenta Pública emitidos por la ASF. El capítulo 4 es uno de los más amplios y complejos del trabajo: en él se argumenta las metodologías cualitativa y cuantitativa utilizadas que sirvieron para explicar los desvíos ilegales de recursos públicos en la Sedesol, Sedatu, Pemex con la participación de once universidades estatales, esas dependencias oficiales celebraron cientos de convenios de compras de bienes y servicios –ambos simulados-, a través de prestanombres, empresas irregulares o inexistentes, transferencias de dinero nacionales y extranjeras, apertura y cierre inmediato de empresas, uso de facturas fiscales falsas, ejercicio del gasto público sin comprobación, no justificaron el gasto realizado y no había correspondencia o lógica de los conceptos de gasto con el objetivo del programa gubernamental, no solventaron o atendieron las observaciones, entre otras irregularidades.